El sistema tiene dos objetivos prioritarios:
- Evitar que los funcionarios públicos aprovechen su puesto para beneficiar o perjudicar a todos o alguno de los participantes en la competencia electoral.
- Garantizar que los ciudadanos no vean condicionada la prestación de bienes y servicios públicos a los que tienen derecho por cuestiones vinculadas a sus preferencias políticas, intención de voto o actividades electorales.
El Blindaje se instrumenta con el monitoreo gubernamental y con el efectivo acceso ciudadano a la siguiente información del gobierno:
- Cumplimiento de horarios de los funcionarios y empleados públicos: para evitar que se estén dejando de lado tareas de la gestión pública por la participación de los funcionarios y empleados en la campaña electoral. Se debe publicar la siguiente información: horarios establecidos, incumplimientos y sus motivos.
- Utilización del parque automotor: para evitar la utilización de vehículos del gobierno en actividades de campaña electoral. Se debe publicar la siguiente información: horarios de utilización, recorridos, motivos y funcionarios responsables.
- Utilización de inmuebles oficiales: para evitar que edificios y oficinas públicas sean lugar de reuniones y eventos con fines partidarios. Se debe publicar la siguiente información: agenda de utilización, motivos, horarios y funcionarios responsables.
- Utilización de maquinarias y equipos: para evitar la utilización de fotocopiadoras, computadoras y demás equipos y herramientas de la administración pública con fines partidarios-electorales. Se debe publicar la siguiente información: horarios y niveles de utilización (niveles de mantenimiento y compra de insumos) y funcionarios responsables.
- Subsidios y programas sociales: para evitar el direccionamiento hacia sectores que no se corresponden con necesidades objetivas para condicionar el comportamiento electoral. Se debe publicar la siguiente información: niveles de gasto por programa, tipo de programa por beneficiarios incorporados (y su metodología de definición) y funcionarios responsables.
De esta manera, se reportará periódicamente a la ciudadanía el grado de cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos en la lucha contra el clientelismo electoral.
La estrategia central se debe complementar con otros dos componentes comunicacionales:
- Cláusula de Transparencia. Consiste en la incorporación de la leyenda (escrita o voz en off) “Ser beneficiario de un plan o programa social no debe condicionar tu voto” en toda publicidad en medios escritos, audiovisuales o digitales de los planes o programas sociales del gobierno.
- Alerta clientelismo. Estrategia de difusión pública, también destinada a la concientización ciudadana, con el objetivo de promover la denuncia ciudadana respecto a prácticas y conductas distorsivas que puedan derivar en actividades clientelares (en el cumplimiento de horarios de empleados públicos, utilización de maquinas, vehículos e inmuebles oficiales, así como irregularidades en el manejo de subsidios y programas sociales).
El Blindaje Electoral protegerá los derechos ciudadanos al difundir las obligaciones de los funcionarios públicos, y permitirá elecciones limpias donde los ciudadanos gocen de libertad para ejercer su derecho a votar y los diferentes partidos políticos puedan competir en igualdad de condiciones.
El sistema que propone Córdoba Transparente toma como referencia la experiencia de la República Federal de México con monitoreo interno de sus organismos gubernamentales y monitoreo externo de la ONG Contraloría Ciudadana. Esta última ha participado junto a nuestras instituciones en el proceso de elaboración de la presente propuesta.
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