Ciudadanía
El concepto de ciudadanía aparece en principio como una condición de posibilidad para pensar el “bien de la ciudad” entendida como convivencia, eunomía y bienestar social. Sin embargo, la convivencia no puede depositarse únicamente en la confianza en las normas sino que se hace necesario el repensarse como ciudadanos en las propias prácticas sociales y políticas. La ciudadanía pensada desde el derecho aparece diariamente desmentida por condiciones de desigualdad en el poder, la información y la distribución de la riqueza. A su vez, todas estas condiciones son objetivadas por una cultura predominantemente mercantil que le pone precio a todo intercambio social. Por lo tanto, para evitar el reduccionismo ciudadano a categorías de consumidores y clientes se requiere interpretar la responsabilidad, la ética colectiva, la pertenencia, la identidad y el valor de la construcción intersubjetiva de la ciudadanía.
Construcción de la ciudadanía
La ciudadanía debe pensarse como construcción histórica evitando el jusnaturalismo y el humanismo emotivo para poder promover verdaderos sujetos críticos de buenas razones y argumentos políticos. La construcción histórica de esta racionalidad implica un funcionamiento social que se acerca a su propia y crítica idea del “bien de la ciudad” como utopía de ningún - lugar pero a su vez condición de posibilidad.
La utopía se entiende aquí como el campo de lo posible, como el espacio para la creatividad de repensar la vida social. Es un espacio de presencia del otro y de las diferencias sin caer en el idealismo de proyectos auto – referenciales basados en una promocionada igualdad de oportunidades. Por lo tanto, la utopía se entiende como el método que nos permite la honestidad de sabernos en una construcción socialmente posible pero que se critica a sí misma como universalmente imposible.
A su vez, la razón histórica es construcción intersubjetiva y simbólica para elegir el justo medio, lo que pone a la justicia en el centro del concepto de ciudadanía. Una racionalidad colectiva implica la justicia en su sentido político y social, lejos de una interpretación de interioridad virtuosa ya sea divina o natural de un inmemorial estado pre – social. La construcción simbólica implica condiciones iniciales de desigualdad que deben ser explicitadas para favorecer la justicia colectiva con la solidaridad de la discriminación positiva y la redistribución. Esto pone énfasis en lo colectivo por sobre el predominante interés individualista y sus fórmulas asistencialistas de alivio de la exclusión ciudadana.
Responsabilidad ciudadana
La pertenencia a un contexto determinado define la ciudadanía y realiza la racionalidad política misma, ya que es la pertenencia la que constituye identidad (identificación) en base a las diferencias constitutivas. Es la relación con el otro, como palabra que interpela, el comienzo de toda ciudadanía. La responsabilidad ante el otro se da como interpelación exterior a la cual se responde desde la vulnerabilidad de una identidad incompleta pero necesaria en la búsqueda de representación. Es la interpelación del otro la que nos constituye responsables y ciudadanos en democracia, y es la responsabilidad lo que despierta la pertenencia a un lugar común y la crítica a la totalidad como lógicas individuales o sociales. La ciudadanía es racionalidad colectiva, crítica y sobre todo responsable ya que una razón colectiva no nos viene del utilitarismo y de las posibles ventajas de una convivencia social de lógicas instrumentales (definidas por derechos, dignidades o una razón a priori) sino de una ética basada en la pertenencia. Esta ética - política de la ciudadanía evita la homogeneidad abstracta de los valores universales que legitiman desigualdades sociales. El sujeto, como tal, se constituye como un retorno a sí mismo desde lo socialmente producido en la lucha por el reconocimiento y la búsqueda de identidad en la multiplicidad. La construcción de ciudadanía en sus justos límites está dada por la crítica y la apertura a las diferencias donde la responsabilidad, de tener presentes las previsibles consecuencias de las propias acciones, sólo se entiende desde lo racional colectivo.
El Estado promotor de la ciudadanía
El concepto moderno de ciudadanía tiene su epicentro en el contrato social y en el republicanismo, con eje en la virtud de una razón instrumental adecuada a la norma liberal. La división entre una vida ciudadana de derechos universales imaginados y las condiciones reales de dominación simbólica y material han sido funcionales a la construcción de una razón individual por sobre la construcción colectiva. Sin caer en intentos de incentivo a una racionalidad comunicativa (Habermas) o de razonabilidad justa (Rawls) se debe promover la construcción ciudadana desde el propio Estado de derecho. Dicho Estado siempre ha reconocido sus imperfecciones con respecto a su idea regulativa, con lo cual se hace necesario repensar el Estado democrático actual como condición para la construcción ciudadana en los términos que aquí se promueven, es decir, evitando aquellas distancias simbólicas del Estado con la sociedad civil y con el mercado.
Criticar el concepto predominante de ciudadanía nos permite la creatividad estratégica de una nueva construcción que explicite sus límites y ponga en relieve la responsabilidad y la pertenencia. La explicitación crítica desenmascara las relaciones del saber con el poder para mostrar aquellos valores mercantiles en los que se han convertido los derechos homogéneos, los mecanismos de participación demagógicos y la identidad reactiva o de marcas comercializables.
Una traducción en términos de acción gubernativa implica una política crítica y una cultura inclusiva. Se debe promover la capacidad de generar acuerdos, la tolerancia y la eunomía entendida como el acto de no justificar la violación de las normas aún cuando sea el único medio para alcanzar objetivos particulares. La ciudadanía implica mucho más que un reconocimiento jurídico, implica la promoción de sujetos como parte activa en la producción simbólica y organizativa de la sociedad política. Así, la participación no se limita a una praxis organicista sino que describe la producción desde las diferencias y la búsqueda de identidad. No se trata de la confluencia de intereses plurales para crear mayorías inertes, ni se trata de una racionalidad dialógica que implique trascendentalidad, se trata de reconocer la presencia del otro y de constituirse ciudadano sobre la crítica constante de la estructura social que determina.
