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El acceso a la información pública de la provincia de Córdoba:
Diagnóstico y recomendaciones de políticas





Información pública

Principios
El acceso a la Información Pública es la operativización de principios democráticos fundamentales, como la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios y la rendición de cuentas por parte de estos.
El ejercicio efectivo de este derecho se activa en la práctica a través de solicitudes que cualquier ciudadano puede realizar a un organismo público o empresa bajo control estatal, de información que crea oportuna y que esté en poder del Estado o corresponda producir al Estado.
La relevancia social del acceso a la información pública está determinada por la importancia que tiene la misma en la toma de decisiones que afectan a la comunidad; por su carácter de herramienta de participación para la resolución de problemas sociales; por la posibilidad de monitorear el accionar de los funcionarios y prevenir la corrupción; y finalmente porque permite una mejor formación de la opinión y así contribuye a un debate social más enriquecedor.

Marco legal
A inicios de la primera década de 2000 la provincia de Córdoba sancionó un paquete de normas para implementar la llamada “Modernización del Estado”, tendiente a redefinir funciones, mecanismos de gestión de recursos y la prestación de servicios públicos. La ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado N° 8803, la ley Carta
del Ciudadano Nº 8835, la ley Modernización del Estado Nº 8836 y la ley Incorporación de Capital Privado al Sector Público Nº 8837 definieron reformas sustanciales e institucionales.
La Ley 8803 consagra en su artículo primero el derecho de toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial y municipal, en un plazo de diez días hábiles. En caso de no responder, se considera como una negativa del gobierno a brindar la información, lo cual habilita la acción de amparo por mora contra la dependencia gubernamental.

     
  Ley provincial 8803

¿Qué se entiende por “Información”?
Se considera como información a los efectos de esta Ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales.

¿Cuáles son los límites de la Ley?
Existe un régimen de excepciones taxativas (por ejemplo sí se afecta la intimidad de las personas o compromete la seguridad de la Provincia, la paz y el orden público).

¿Qué tipo de responsabilidad le cabe a quien dificulta el ejercicio de este derecho?
El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, es considerado incurso en falta grave.

 
     

Transparencia de las compras públicas


En el estudio preliminar se observó que otras provincias y ciudades argentinas brindan información más precisa, completa y accesible sobre compras públicas y registro de proveedores. Para transparentar y difundir la información relativa a contrataciones del Estado, se solicitaron los siguientes datos:

• Montos de las compras públicas efectuadas por los Ministerios provinciales en 2008 y 2009, especificando el mecanismo de contratación (licitación pública o privada, contratación directa, concurso de precios o de antecedentes), el proveedor contratado y el bien provisto o el servicio prestado.

• Montos asignados a cada Ministerio en concepto de Fondos Permanentes (destinados a gastos menores y proveer de recursos a las “Cajas Chicas”).

• Registro de las personas físicas y jurídicas Proveedores del Estado. También se le pidió especificar si el proveedor ha recibido sanción alguna, motivos y si se ha cumplimentado la misma.

• Registro Único de Beneficiarios de Pago, creado por Ley provincial 9086, que contiene información de todas las personas o instituciones que reciben subsidios del gobierno.

Restricciones del Gobierno, avaladas por la Justicia

Sin respuesta administrativa
En abril de 2010 se presentaron los 17 pedidos de información pública. No se recibió respuestas con la información solicitada y en los plazos legales (diez días hábiles) en ninguno de los casos. En seis casos, los Ministerios requirieron acreditar personería jurídica de las Fundaciones, que por no ser un requisito formal de la Ley 8803 debe interpretarse como una práctica dilatoria por parte del gobierno. En los 11 casos restantes, Córdoba Transparente presentó amparos judiciales por mora de la administración, tal como prevé la Ley 8803.

Judicialización
Luego de que la Justicia notificara al Gobierno de los Amparos y tras la publicación en los medios de comunicación, se recibieron respuestas administrativas en 6 casos. Las respuestas negaron la información y brindaron información incompleta.

     
  El General Sigwald

El Registro Proveedores y Contratistas del Estado fue denegado por el Ministerio de Finanzas amparándose en el decreto 1882 firmado por el ex gobernador de facto, General Adolfo Sigwald, en 1980.

Según la respuesta recibida:
“la creación del Registro de Proveedores tuvo por objetivo precisamente proteger la defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pública provincial, por lo que el acceso a la información de la base de datos podría implicar algún tipo de maniobras o situaciones que vulneran la protección de tales objetivos”.

 
     

Estrategias evasivas de los Ministerios ante la Justicia


La Justicia intimó a los organismos públicos a producir un informe sobre la demora en la respuesta a los pedidos de información. La contestación del Gobierno evitó responder acerca de las causas por las cuales la información no fue entregada. Algunos Ministerios presentaron una contestación errónea sobre los datos solicitados, aduciendo que la información puede “deducirse” del presupuesto o la ejecución presupuestaria. Otros Ministerios mencionaron que la información solicitada fue rendida al Tribunal de Cuentas de la provincia. Todos solicitaron la acumulación de los amparos (una estrategia dirigida a unificar las causas).
Córdoba Transparente pidió a la Justicia que niegue la acumulación, ya que la ejecución del presupuesto está descentralizada en cada Ministerio y corresponde individualmente a cada uno brindar la información.
No obstante, se dio lugar al pedido del Gobierno y todas las causas fueron acumuladas en la Cámara Segunda, por fallo dividido.

Fallos judiciales que avalan la denegación de información pública

La justica rechazó 7 amparos y declaró abstractos otros 4. Al momento de fundamentar su decisión, la Cámara adujo que la información solicitada “no sirve de base a un acto administrativo ya dictado”.
Este es un tema importante considerando que la Ley 8803 sostiene que la información pública es “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo”. La justicia interpreta entonces que la información sobre las cajas chicas que manejan los Ministerios, sobre las compras públicas (licitaciones, concursos de precios, contrataciones directas) y los proveedores de estas operaciones no es información pública.

En consecuencia ningún ciudadano puede pedir esta información amparado en la Ley 8803, ni tampoco puede recurrir a la Justicia para obligar al Gobierno a que responda. Además, la Cámara argumentó que Córdoba Transparente incurrió en excesos al pedir esta información, pretendiendo una “democracia asamblearia”, subvertir el sistema representativo y reemplazar el control que ejercen el Tribunal de Cuentas y el Poder Legislativo. Asimismo, se impuso a las ONG el costo de los honorarios de los patrocinantes legales.
Ante estos fallos, Ciudadanos 365 y FUNDEPS apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.

Recomendaciones de políticas


Las acciones emprendidas han demostrado que:
El Estado no brinda información sobre la administración de los recursos públicos.
El ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información se ve obstaculizado por interpretaciones restrictivas de la ley, formalismos procedimentales y costos económicos.
Para revertir esta situación, desde Córdoba Transparente se recomienda a los actores involucrados implementar las siguientes acciones:

Modificar la ley 8803. Cambiar la definición de información pública vinculada con un acto administrativo por una definición que la identifique como aquella información producida, obtenida, en poder o bajo control de los organismos públicos.

Reglamentar la ley 8803. Operativizar la norma para evitar restricciones administrativas e interpretativas.

Crear la Oficina de Acceso a la Información Pública. Transformar la cultura organizacional e iniciar un proceso de reforma de la burocracia provincial propiciando verdadera apertura hacia la ciudadanía. Capacitar a los funcionarios públicos e incorporar herramientas tecnológicas para la apertura del gobierno (gobierno electrónico).

Agilizar los procesos judiciales. Propiciar un proceso que fomente la celeridad ante amparos por información pública, incluyendo capacitación a funcionarios judiciales.

Concientizar a la ciudadanía. Implementar campañas de comunicación a los fines de promover una ciudadanía crítica e informada para participar en la vida institucional y en el control de los funcionarios.

Promover el monitoreo ciudadano. Crear redes de Organizaciones de la Sociedad Civil para ejercer una evaluación y seguimiento constante del acceso efectivo a la información pública en la provincia.

 
Con el apoyo de:
   

             www.ciudadanos365.com | www.fundeps.org